Así, el mismo inquilino, con un alquiler de 1.000 euros, verá subir su renta en 20 euros, lo que supondrá una subida anual de 240 euros, 672 euros menos al año que si se actualizase con el IPC actual.

Esta medida se mantendrá hasta el 30 de junio de 2022, es decir, desde el 1 de abril y durante los próximos 3 meses los inquilinos que tengan su revisión del alquiler no tendrán que afrontar una gran subida de sus alquileres.

Características principales del nuevo límite al alquiler

• En vigor a partir del 1 de abril de 2022
• Termina el 30 de junio de 2022
• Limita la subida del precio del alquiler a un máximo del 2%
• Afecta a todos los inquilinos que tengan que actualizar su renta entre el 1 de abril y el 30 de junio
• Es aplicable tanto para grandes tenedores como para caseros particulares

«El Gobierno debe proteger de las subidas de precios tanto a inquilinos como a propietarios estableciendo medidas anti-crisis para ambos”

Finques Bou considera que la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas.

Desde Finques Bou consideramos que es una medida extraordinaria de carácter temporal para hacer frente a una situación inédita en la historia de nuestro mercado. En estos momentos, la desvinculación temporal de las renovaciones de los alquileres del IPC, supondrá un claro respiro para los inquilinos, que desde el segundo semestre de 2021, comenzaron a ver cómo hacer frente al pago de su renta supone una dificultad cada vez mayor. Además, en un contexto de inflación desbocada, la factura energética y del gas también se ha incrementado, son suministros a los que los inquilinos también han tenido que hacer frente.

La desvinculación temporal de las renovaciones de los alquileres del IPC, supondrá un claro respiro para los inquilinos, aunque el arrendatario también se verá perjudicado. Ambas partes del contrato merecen medidas excepcionales.

En ciudades como Madrid o Barcelona, donde el precio del alquiler mensual ronda los 1.200€/1.300€, la vinculación al IPC supondría un aumento de unos 85 euros al mes, lo que resultaría en el pago a mayores de casi una mensualidad a final de año. Un aspecto asfixiante para quienes sus salarios no han aumentado al mismo ritmo.

Sin embargo, aunque la inflación afecta en mayor medida al inquilino, el arrendatario también se verá perjudicado, no solo porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento, sino que varios de los gastos directos de la vivienda a los que el propietario tiene que hacer frente también es probable que se incrementen.

Por lo que la administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC, no recaiga sobre los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados.

En este caso, ambas partes del contrato merecen medidas excepcionales. La responsabilidad de las subidas de precios no debe recaer de nuevo sobre los propietarios particulares, ya que la situación económica y de mercado global no depende de ellos. Por el contrario, el arrendatario sí que decide si pone su vivienda en el mercado del alquiler, y si se encuentra en un ambiente desincentivador con modificaciones de la normativa continuas, es probable que prefiera el mercado de la compraventa y pueda llegar a retirar su vivienda del alquiler, lo que contraería aún más la oferta.