Aprobada la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal
Entra en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que pretende modernizar el panorama inmobiliario español.
Modernización del parque inmobiliario
El pasado 16 de junio entró en vigor la Ley 10/2022 de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal pretende adaptar el deteriorado parque inmobiliario español para cumplir con las exigencias demandadas por la Unión Europea.
Concretamente, el texto marca tres objetivos claros en los que centrar los esfuerzos durante la próxima década para modernizar el ecosistema inmobiliario, especialmente el de la vivienda particular:
- Revertir el deterioro. La mayoría de edificios en España (principalmente si hablamos de edificios residenciales) son anteriores al 1980. Todo ello conlleva que la amplia mayoría de edificios cuenten con una mala calificación de eficiencia energética o que incluso haya hasta un 40% de edificios de más de 4 plantas que aún no cuentan con ascensor.
- Cumplir con el PNIEC. La ley tiene también como principal objetivo cumplir con las metas marcadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) que marca la necesidad del aumento de la actividad rehabilitatoria durante los próximos años.
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aparte del PNIEC, el Gobierno también tiene como objetivo canalizar recursos de los fondos asignados por la Unión Europea para la reparación de los daños provocados por la crisis del COVID-19. Una parte importante de las inversiones realizadas con estos fondos irán destinadas a la reforma del parque inmobiliario español.
Más competencias a las comunidades de propietarios
Algunas de las medidas contempladas por la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal van destinadas a dotar a las comunidades de propietarios de herramientas para la mejora de los edificios en los que residen. Se pretende facilitar la puesta en marcha de reformas que mejoren la accesibilidad y el consumo energético a través de subvenciones y ayudas directas.
También se da la potestad a las comunidades de vecinos para sancionar a los morosos, pudiendo privarlos de acceso a instalaciones y servicios de la comunidad no esenciales.
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